Le projet CALAO – Capitalisation d’expériences d’acteurs pour le développement de techniques agroécologiques résilientes en Afrique de l’Ouest – a été mis en œuvre au cours de l’année 2017 dans le cadre du Projet d’appui à la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest (PASANAO), financé par l’AFD et dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la CEDEAO.
Sur la base de 16 études de cas, nous cherchons à comprendre comment l'usage des technologies de l'information et de la communication (TIC) transforme les dispositifs de conseil agricole au Burkina Faso. Si les outils employés et les thématiques du conseil sont diversifiés, les services demeurent récents et inaboutis. Les prestataires de conseil cherchent en effet à améliorer les outils et services, dont la durabilité n'est pas encore garantie. Ceci s'explique notamment par la complexité du travail inter-organisationnel pour développer ces services.
Les relations entre, d’une part, la nature des droits et la disponibilité d’un titre de propriété, d’autre part, la stimulation du marché foncier, l’investissement ou la productivité des facteurs, restent objets de débats. Cette relation est explorée dans le cas de la politique foncière algérienne qui en 1983 ouvre la voie à la privatisation des terres du domaine privé de l’État. Cet article discute l’impact de cette politique en termes de marchandisation et d’usage productif de la terre, sur la base d’une enquête conduite dans la wilaya de Laghouat.
Este volante enseña los instrumentos y herramientas de apoyo a las cadenas agrícola, en particular para:
- la asociatividad y gestión empresarial;
- la gestión de cadenas;
- la gestión de políticas y fortalecimiento de la institucionalidad;
- la vinculación con mercados.
En este artículo, representantes del sector público y privado y de organismos internacionales acordaron estrategias para dar impulso a un nuevo actor con un gran potencial, un proyecto llamado Plan Maestro del Agro de la Región Occidental (PMARO).
La innovación, producción y comercialización de un producto resultan de la interacción de una diversidad de actores. Así, el modelo de extensión hub del programa gubernamental MasAgro busca ser un espacio en el que agricultores, extensionistas, proveedores de insumos, instituciones gubernamentales y de enseñanza e investigación, entre otros, interactúen, con el fin de promover bienestar individual y colectivo a través de la innovación.
Las consecuencias de las políticas económicas de liberalización económica y disminución de las capacidades estatales en todo lo referente a la cuestión agraria fueron - entre otras - la invisibilización y el empobrecimiento de cientos de miles de familias de agricultores/as. En simultáneo, la ausencia de políticas públicas específicas para la agricultura familiar ha sido una de las características de los gobiernos hasta bien entrada la primera década del siglo XXI.
Este documento dentifica y tipifica diferentes estrategias y mecanismos innovadores que han sido aplicados en distintos escenarios para aumentar la cobertura y facilitar el acceso de los agricultores familiares a esos servicios, los que pueden servir de referencia para otras iniciativas que se quieran impulsar en ese sentido, bien sea para mejorar la calidad y eficiencia, o para aumentar la oferta de esos servicios.
En los últimos 10 años, muchos gobiernos de la región han posicionado a la agricultura familiar, las agrocadenas y el desarrollo agro territorial en un lugar prioritario de sus agendas políticas. Igualmente han surgido nuevas políticas, leyes y programas sobre estas temáticas, generándose la necesidad de buscar sinergias y aprovechar las oportunidades, a través de una adecuada articulación.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), le da una cordial bienvenida al Curso de Autoaprendizaje: “Hacia la promoción de Sistemas agroalimentarios inclusivos: Mecanismos y programas de adquisición de alimentos de la Agricultura familiar”. Las compras públicas o contratación estatales, son mecanismos de adquisición de productos o servicios para abastecer a las instituciones y programas financiados o ejecutados por el Estado (consumo de organismos públicos, programas sociales, fuerzas armadas, obras públicas, etc.).