This presentation addresses the topic of sustainable agricultural intensification and gender- and age-biased land tenure systems in Africa.
Private sector actors bring expertise, resources, and new perspectives to agricultural development, but the tendency to short-term approaches and market-based orientation has been unable to drive a systemic change in the development agenda. We explore how multi-stakeholder dialogues can capitalize on and trickle systemic change through private sector involvement. Analysis from the farmer-led irrigation development multi-stakeholder dialogue space (FLI-MDS) in Ghana shows the need for a physical and institutional space to cater for and merge different stakeholder interests.
Contract farming has gained in importance in many developing countries. Previous studies analysed effects of contracts on smallholder farmers’ welfare, yet mostlywithout considering that different types of contractual relationships exist. Here, we examine associations between contract farming and farm household income in the oilpalm sector of Ghana, explicitly differentiating between two types of contracts,namely simple marketing contracts and more comprehensive resource-providing contracts.
This paper examines the role of postsecondary agricultural education and training (AET) in sub-Saharan Africa in the context of the region’s agricultural innovation systems. Specifically, the paper looks at how AET in sub-Saharan Africa can contribute to agricultural development by strengthening innovative capacity, or the ability of individuals and organisations to introduce new products and processes that are socially or economically relevant, particularly with respect to smallholder farmers who represent the largest group of agricultural producers in the region.
Este libro presenta ocho estudios de caso que se cuestionan sobre un particular asunto: qué elementos caracterizan a las dinámicas económicas y políticas en los territorios donde se observa un crecimiento económico y buenos resultados sociales, esto es, una disminución de la pobreza y de la desigualdad. El análisis de estos casos demuestra dos cosas. En primer lugar, que la interpretación y capacidad de acción de los actores inciden en los resultados económicos y sociales.
Ante los inmensos retos institucionales que plantea la construcción de un nuevo sistema de extensionismo en México, el proceso de diseño de políticas públicas correspondiente requiere de esfuerzos multidisciplinarios, combinados con ejercicios de reflexión que rebasen el ámbito nacional para nutrirse de las experiencias, aprendizajes y propuestas creativas provenientes de otros horizontes.
El presente documento se enmarca en el Proyecto “Estrategia de Extensionismo, red de instituciones nacionales e internacionales para proveer el sustento científico y tecnológico para el desarrollo de capacidades y extensionismo rural” y corresponde al entregable del Objetivo Específico 2.1, Documento con lineamientos a nivel político, estratégico y operativo que permitan avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en las estrategias de extensionismo de la SAGARPA.
Con base en las limitaciones analizadas en el extensionismo tradicional, este documento propone un Sistema Integral de Organizadores Comunitarios (SICOMUN) en el que los Organizadores sean seleccionados por procedimientos meritocráticos, se encuentren vinculados a un proceso de capacitación permanente que les permita escalar en posiciones e incentivos a la manera del Servicio Nacional de Investigación y sean apoyados por un arreglo institucional de acompañamiento.
El presente documento contiene la propuesta conceptual y metodológica para la elaboración y puesta y en marcha de una herramienta que permita verificar el grado de modernidad de la segunda generación de planes de ordenamiento territorial (POT) y la primera generación de planes de ordenamiento departamental (POD), a partir de la revisión de los contenidos de los documentos asociados a los Planes y de los procesos desarrollados para su construcción.
El objetivo del presente documento es analizar el comportamiento del gasto público del Gobierno Central dirigido a la juventud rural, con especial énfasis en los esfuerzos de inclusión económica (financiera, productiva y laboral), en Colombia, Ecuador, México y Perú.