En 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología financiaron un programa para impulsar redes de colaboración tecnológica en sectores económicos prioritarios del Estado de México e integrar un sistema local de innovación. En este trabajo se analiza dicho programa, se describe la capacidad de innovación del Estado, su marco institucional y los principales actores.
Los artículos reunidos en este volumen se basan en las ponencias presentadas por los expertos que participaron en el seminario internacional “Políticas para la agricultura en América Latina y el Caribe: competitividad, sostenibilidad e inclusión social”, realizado en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago los días 6 y 7 de diciembre de 2011.
Los artículos reunidos en este volumen se basan en las ponencias presentadas por los expertos que participaron en el seminario internacional “Políticas para la agricultura en América Latina y el Caribe: competitividad, sostenibilidad e inclusión social”, realizado en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago los días 6 y 7 de diciembre de 2011.
El estudio buscó caracterizar dos elementos complementarios en el subcontinente latinoamericano: i) el surgimiento de políticas públicas específicas para el sector de la AF, y ii) la forma en que las políticas agrarias clásicas afectan ese sector. El documento consta de dos partes. La primera presenta un análisis transversal del conjunto de estudios de caso nacionales y la segunda parte presenta dichos estudios. Los trabajos de síntesis nacional fueron realizados a partir de la aplicación de una guía de análisis común que comportaba cinco bloques: 1.
La agricultura familiar engloba un conjunto diversificado de situaciones de trabajo y de vida que exceden la producción de subsistencia y demandan políticas públicas integrales de desarrollo. En la última década ha comenzado a instalarse en la agenda pública, y también en la de gobierno, la necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo rural que sea socialmente inclusivo y, por ende, política, económica y ambientalmente sustentable. Tal modelo debe partir del reconocimiento de los agricultores familiares como sujetos viables de desarrollo económico.
La obra que nos complace presentar reúne un conjunto de estudios de caso y un análisis transversal de las políticas públicas para la agricultura familiar en once países latinoamericanos, complementados por un ensayo interpretativo acerca de las implicaciones para políticas públicas derivadas de los principales eventos internacionales del Año Internacional de la Agricultura Familiar en América Latina.
El presente documento es un conjunto de estudios realizados en 2015 en ocho países y es complementario al ya publicado en 2014 y reeditado/actualizado por el IICA en 2016 con el título “Políticas públicas y Agriculturas familiares en América Latina y el Caribe: balance, desafíos y perspectivas” coordinado por Eric Sabourin, Mario Samper y Octavio Sotomayor, considerando que el 2014 fue declarado Año Internacional de la Agricultura Familiar.
Un problema que enfrenta la producción nacional de madera aserrada es la pérdida de competitividad frente a la madera importada. Para el periodo 1993-1995, la producción nacional abastecía el 80% del consumo nacional y para el 2001-2003 sólo el 3%. Con el objetivo de determinar los factores que podrían revertir esta tendencia, se usó un modelo de programación no lineal
Este estudio tiene como principal orientación recoger, documentar y analizar experiencias relevantes de empoderamiento de las mujeres rurales en Chile, en vistas a otorgar orientaciones a las políticas públicas que contribuyan al desarrollo y mitigación de la pobreza.
Esta es una publicación que busca asociar la experiencia del Programa Mujeres Ey Desarrollo Económico Local-MyDEL en Guatemala, con rutas de análisis para lograr el escalamiento de políticas públicas que potencien los derechos económicos de las mujeres, que abran espacios para su empoderamiento y participación en la gobernanza, y que favorezcan de manera sostenida su acceso a activos productivos; especialmente a nivel de los territorios.