Este capitulo es parte de un libro del proyecto Específico “Procesos socio-técnicos de innovación en los territorios” del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina.

Los enfoques y prácticas de extensión se han transformado notablemente en las últimas décadas. A la vez, numerosos autores han señalado la persistencia de enfoques difusionistas tanto en las instituciones como en las prácticas de los extensionistas. En esta investigación se analizan las prácticas de extensión implementadas en el noreste argentino, se las compara con propuestas institucionales y académicas actuales y se extraen aprendizajes. Para esto se realizaron 40 entrevistas a extensionistas que trabajan en el ámbito público en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.

En los últimos 25 años se han producido cambios significativos en la vida rural de América Latina, en sus dimensiones política, económica, social, laboral, demográfica, cultural y ambiental, a partir de lo que se denominó los Programas de Ajuste Estructural y de las decisiones políticas y económicas que tomó cada país en particular. Uno de los elementos centrales y determinantes de las reformas en los Sistemas de Extensión y Transferencia de Tecnología Agraria (SETTA) ocurrió a partir de fines de la década de los setentas y principios de la década de los ochentas.

En esta publicación, el IICA recopila las principales características de los servicios de extensión rural de nueve países latinoamericanos, presentadas en la cita efectuada en México, así como un repaso por dos redes regionales de investigación en esta área. Con este documento, el Instituto confía en aportar a sus Estados Miembros una herramienta valiosa para fortalecer el trabajo realizado por sus propias instituciones y extensionistas.

La agricultura familiar engloba un conjunto diversificado de situaciones de trabajo y de vida que exceden la producción de subsistencia y demandan políticas públicas integrales de desarrollo. En la última década ha comenzado a instalarse en la agenda pública, y también en la de gobierno, la necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo rural que sea socialmente inclusivo y, por ende, política, económica y ambientalmente sustentable. Tal modelo debe partir del reconocimiento de los agricultores familiares como sujetos viables de desarrollo económico.