Las consecuencias de las políticas económicas de liberalización económica y disminución de las capacidades estatales en todo lo referente a la cuestión agraria fueron - entre otras - la invisibilización y el empobrecimiento de cientos de miles de familias de agricultores/as. En simultáneo, la ausencia de políticas públicas específicas para la agricultura familiar ha sido una de las características de los gobiernos hasta bien entrada la primera década del siglo XXI. En Centroamérica y República Dominicana se ha ido avanzando en torno a la construcción de políticas públicas con enfoque de derechos que ha ido a tono con la mirada internacional, sobre todo de países de América del Sur. Las relativas al desarrollo rural no son la excepción, es así como nacen políticas especializadas de reconocimiento e institucionalización de agricultoras y agricultores familiares como sujetos de derecho. No obstante a lo anterior, las decisiones adoptadas bajo esta política no han tenido a su base un registro especializado que permita una respuesta basada en los hallazgos y las características propias de esa población. Esta situación hace que los esfuerzos gubernamentales no lleguen aún a la población específica, generando aún dispersión o generalización de decisiones adoptadas y llevando una carga de una visión más vinculada a temas económicos y productivos, perdiendo con ello el enfoque de derechos que debe revestir las políticas públicas. Con el objeto de cubrir estos vacíos de información sistemática, oportuna y confiable sobre la agricultura familiar, una propuesta que puede mover el PDRR desde sus espacios de incidencia estaría orientada a crear un Registro Nacional de Agricultura Familiar desde un enfoque de derechos que facilite la visibilización e identificación genuina de los/as agricultores/as familiares y habilitar a los inscriptos para acceder a las políticas públicas que les estén específicamente destinadas.
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